Ya van más de 12 días de las masivas marcas ciudadanas a lo largo de Chile, manifestaciones sociales que solicitan la brevedad en un nuevo Pacto Social del Gobierno con el Pueblo chileno y Asamblea constituyente.
El 21 de octubre de 2019, Sebastián Piñera rompió definitivamente la confianza y la escasa paz que hasta ahora tenía el pueblo de Chile. Tan incendiarias sus palabras como decir “Estamos en guerra …” fue su “llamado a la normalidad”, “ya no queremos la normalidad porque la normalidad nos tiene así”, se lee en los carteles de las manifestaciones, que solicitan no más AFP, subir las pensiones a un monto digno, nueva Constitución, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, ley de autismo, nos más CAE, no a las zonas de sacrificio ambiental, entre una multitud de demandas sociales, todas con carácter de urgente.
Si bien es cierto, Chile ha sido una de las economías más prósperas en la Región, este crecimiento económico importante y ejemplar solo se ha dado en un nivel macroeconómico. y ha sido a costa del constante empobrecimiento de las masas laborales chilenas, lo que ha hecho colapsar internamente el actual modelo económico.
Más de 40 años de políticas socioeconómicas han cavado cada vez más hondo la asfixia económica del pueblo de Chile; a primera vista no hay mea culpa ni mucho menos indicios de dar un giro que demuestre verdadera intención de enmendar, en parte, las políticas que han generado el acumulado descontento social chileno.
El crecimiento microeconómico siempre al déficit “generó esta bomba de tiempo que no se vio venir”, según el Gobierno. Lo malo es que las marchas pacíficas, y manifestaciones sociales han sido reprimidas, y las últimas silenciadas con cerco informativo en los medios de prensa, se han criminalizado las manifestaciones, en una desigual contienda en las que se ha visto al GOPE de Carabineros, reprimiendo brutalmente por ejemplo, la marcha del 28 de octubre en la ciudad de Talca, entre otras muchas marchas, en otras regiones de Chile igualmente reprimidas.
La represión militar no es la salida ni la respuesta a las demandas sociales chilenas vigentes desde siempre. Recordamos el inicio de esta manifestación del descontento social, en las voces de los estudiantes de Chile, la “Revolución pinguina”, en el 2006, de ahí hasta la actualidad, en que una nueva generación de estudiantes (hijos de los pinguinos) hace el llamado a evadir el pago de alza de pasajes en el metro de Santiago.
Y así como nos preocupan los padres y madres chilenos nos preocupamos además de sus hijos en edad parvularia debido a la inusual “Marcha de los Cascabeles”, tías de la educación parvularia, que también fueron reprimidas en los días que se manifestaron a escasas cuadras del Palacio de Gobierno. La “Marcha de los cascabeles” denunció contradicciones en el proyecto de ley de “Sala cuna universal”, proyecto emblemático de Sebastián Piñera, ley que perjudica tanto a la infancia como a las madres en edad laboral, entre otros temas con los que no se está de acuerdo si se aprueba esta Ley.
Mientras el pueblo estalla con sus marchas, el gobierno de Chile hace caso omiso a la lista interminable de demandas sociales, que deja en evidencia más de 30 años de asfixia a la microeconomía. Su respuesta fue inesperada, trajo de regreso los resabios, represiones, y violaciones a los Derechos Humanos, más vivos que nunca desde la Dictadura al presente, lo que deja en evidencia que las fuerzas militares “están preparadas para la guerra”, no están preparadas para tratar con la población civil.
Interpelado el Gobierno por las constantes represiones, dijo que son para el “resguardo y la seguridad del pueblo”. No obstante, la represión violenta se sigue dando fuera del Estado de excepción, al margen de toda la ley como si se estuviera en Estado de Sitio.
Como una forma de poner paños fríos en este tema delicado se ha victimizado a Carabineros, y se ha destacado por los diversos medios de comunicación los múltiples incendios y saqueos de encapuchados, restándole importancia a esta molestia interna, colectiva, de las manifestaciones sociales chilenas. Tal ha sido la represión en Chile que se ha catalogado como terrorismo de Estado, amparado bajo la “letra chica” de la Ley de seguridad del Estado .
El costo político del Estado de Excepción : el cambio urgente pero parcial que se realizó al Gabinete, la acusación institucional por parte de los Parlamentarios de oposición en contra del exministro del Interior Andrés Chadwich por su mal manejo de la crisis social, y la suspensión de las Cumbres Apec y Cop25.
El pueblo de Chile ha dicho que no bajará los brazos, ni cesará en sus marchas, ni en sus manifestaciones porque el miedo a la represión ya no es una opción , que seguirán hasta ser escuchados. Se trata de redirigir Chile hacia un nuevo amanecer donde el Gobierno “Gobierne” con el pueblo para el pueblo y por el pueblo, garantizando los Derechos fundamentales de las personas, la prosperidad y la paz.
Lo positivo, las marcas ciudadanas han dejado como saldo las masivas convocatorias a los Cabildos abiertos ciudadanos, que ya se están realizando en las Plazas Públicas, donde la Sociedad ha cambiado sus intereses individuales por una mirada humana, colectiva, y solidaria en pro de la otredad
EL ESCRIBANO.CL
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Chile necesita tres nuevos pactos para superar la Crisis. Primero, es clave un nuevo pacto político.
El Escribano 